Acta de Independencia de Venezuela: 5 de julio de 1811
En el nombre de Dios Todopoderoso
Nosotros, los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que conforman la confederación americana de Venezuela en el continente
meridional, unidos en congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810, en
consecuencia de la
jornada de Bayona, y la ocupación del trono español, por la conquista y
sucesión de otra dinastía, constituida sin nuestro consentimiento; queremos antes de usar de los derechos de que nos tuvo privados la fuerza por más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, patentizar al universo las razones que han emanado de estos mismos acontecimientos, y autorizar el libre uso que
vamos a hacer de nuestra soberanía. No queremos, sin embargo, empezar alegando los derechos que tiene
todo país conquistado para
recuperar su estado de propiedad e independencia; olvidamos generosamente la larga serie de males, agravios y privaciones que el derecho funesto de conquista ha causado indistintamente a
todos
los
descendientes
de los descubridores,
conquistadores
y pobladores de estos
países,
hechos de peor condición por la misma razón que debía favorecerlos; y corriendo un velo sobre los trescientos
años
de
dominación
española en
América, solo presentaremos los hechos
auténticos y notorios que han debido desprender y han desprendido de derecho a un mundo de otro, en el trastorno, desorden y conquista que tiene ya disuelta la nación española.
Este
desorden ha
aumentado
los
males
de
la América,
inutilizándole los recursos y reclamaciones, y autorizando la impunidad de los gobernantes de
España, para insultar y oprimir
esta parte de la nación, dejándola sin el amparo y garantía de las leyes.
Es contrario al orden, imposible al gobierno de España, y funesto a la América, el que teniendo
ésta un territorio infinitamente más extenso, t una población incomparablemente más numerosa,
dependa y esté sujeta a un ángulo peninsular del continente
europeo.
Las sesiones y abdicaciones de Bayona; las jornadas del Escorial y de Aranjuez, y las órdenes del
lugarteniente duque de Berg a la América, debieron poner en uso los derechos que hasta entonces habían sacrificado los americanos, a
la
unidad e integridad de la nación española. Venezuela antes que nadie
reconoció
y
conservó generosamente
esta
integridad por
no
abandonar la causa de sus hermanos, mientras tuvo la menor apariencia de salvación.
La América volvió a existir de nuevo, desde que pudo y debió tomar a su cargo su suerte y conservación; como la España pudo reconocer, o no, los derechos de un rey, que había apreciado
más su existencia que la dignidad de la nación que
gobernaba.
Cuantos Borbones acudieron a las inválidas estipulaciones de Bayona, abandonando el territorio español, contra la voluntad de los pueblos, faltaron, despreciaron y hollaron el deber sagrado que
contrajeron con los
españoles de ambos
mundos, cuando con su sangre y
sus tesoros los colocaron en el trono a despecho de la causa de Austria; por esta conducta quedaron inhábiles e incapaces de gobernar a
un pueblo libre, a quien entregaron como un rebaño de
esclavos.
Los intrusos gobiernos que se arrogaron la representación nacional, aprovecharon pérfidamente
las disposiciones que
la
buena fe, la distancia, la opresión y la ignorancia daban a los americanos
contra la nueva dinastía que se introdujo en España por la fuerza, contra sus mismos principios, sostuvieron
entre nosotros la
ilusión a favor
de
Fernando,
para
devorarnos
y
vejarnos
impunemente cuando más nos prometían la libertad, la igualdad y la fraternidad, en discursos pomposos y frases estudiadas, para encubrir el lazo de una representación amañada, inútil y
degradante.
Luego que se disolvieron, sustituyeron y destruyeron entre sí las varias formas de gobierno de
España, y que la ley imperiosa de
la
necesidad dictó a Venezuela el conservarse a sí misma, para ventilar y conservar los derechos de su rey, y ofrecer un asilo a sus hermanos de Europa, contra los males que les amenazaban,
se
desconoció toda su anterior
conducta, se variaron los principios, y se llamó insurrección, pérfida e ingratitud a lo mismo que sirvió de norma a los
gobiernos de España, porque ya se les cerraba la puerta al monopolio de administración que
querían perpetuar a nombre de un rey imaginario.
A pesar de
nuestras protestas, de nuestra moderación, nuestra generosidad, y de la inviolabilidad de nuestros principios, contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en
estado de rebelión: se nos bloquea; se nos hostiliza; se nos envía agentes a amotinarnos unos contra otros, y se procura desacreditarnos entre todas las naciones del mundo, implorando sus
auxilios para deprimirnos.
Sin hacer el menor aprecio de nuestras razones, sin presentarlas al imparcial juicio del mundo, y
sin
otros jueces que nuestros enemigos, se nos condena a una dolorosa incomunicación con
nuestros hermanos; para añadir el
desprecio a la calumnia se nos nombran apoderados contra nuestra expresa voluntad, para que en sus cortes dispongan arbitrariamente
de nuestros intereses,
bajo el influjo y la fuerza de nuestros enemigos.
Para sofocar y anonadar los efectos de nuestra representación, cuando se vieron obligados a concedérnosla nos sometieron a una tarifa mezquina y diminuta, y sujetaron a la voz pasiva de
los ayuntamientos, degradados por el despotismo de los gobernadores, las formas de
la elección:
lo
que era un insulto a nuestra sencillez y buena fe, más bien que una consideración a nuestra
incontestable importancia política.
Sordos siempre
a
los
gritos de nuestra
justicia,
han
procurado los gobiernos de España desacreditar todos
nuestros
esfuerzos,
declarando
criminales,
y sellando con la infamia,
el cadalso
y
la confiscación, todas
las
tentativas que en
diversas épocas
han
hecho
algunos
americanos para la felicidad de su país, como lo fue la que últimamente nos dictó la propia seguridad, para no ser envueltos en el desorden que presentíamos, y conducidos a la horrorosa
suerte que vamos ya a
apartar de
nosotros para siempre: con esta atroz
política han logrado hacer
a nuestros hermanos insensibles a nuestras desgracias, armarlos contra nosotros, borrar de ellos
las dulces impresiones de la amistad y de la consanguinidad, y convertir en enemigo una parte de nuestra gran familia.
Cuando nosotros, fieles a nuestras promesas sacrificábamos nuestra seguridad y dignidad civil, por no abandonar los derechos que generosamente conservamos a Fernando de Borbón, hemos
visto, que a las
relaciones de la fuerza que la ligaban con el emperador de los franceses, ha añadido los
vínculos de sangre y amistad, por los
que hasta los gobiernos de España
han
declarado ya su resolución de no reconocerle sino condicionalmente.
En esta dolorosa alternativa hemos permanecido tres años
en una indecisión y ambigüedad política,
tan funesta y peligrosa, que ella sola bastaría a autorizar la resolución que la fe de nuestras
promesas, y
los vínculos de la fraternidad nos
habían hecho diferir, hasta
que la
necesidad nos ha obligado a ir
más allá de lo que nos propusimos, impelidos por la conducta hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España, que
nos ha
relevado
del juramento condicional con que hemos sido llamados a la augusta representación que ejercemos.
Mas nosotros que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios, y que no queremos
establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y
declaramos como amigos nuestros, compañeros de nuestra
suerte y partícipes de nuestra
felicidad, a los que unidos con nosotros por los vínculos de
la
sangre, la lengua y la religión, han
sufrido los mismos males en el anterior orden: siempre que reconociendo nuestra absoluta
independencia de él, y de toda otra
dominación extraña, nos ayuden a sostenerla con su vida, su fortuna y
su opinión, declarándonos y
reconociéndonos (como a todas
las
demás naciones) en guerra
enemigos, y en paz
amigos, hermanos y compatriotas.
En atención a todas
estas sólidas, públicas, incontestables razones
de
política
que
tanto
persuaden la necesidad de recobrar la dignidad natural que el orden de los sucesos nos ha
restituido:
en uso de los imprescriptibles derechos que tienen los pueblos para destruir todo pacto, convenio o asociación que no llena los fines para que fueron instituidos los gobiernos, creemos que
no podemos ni debemos conservar los lazos que nos ligaban al gobierno de
España, y que como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que la nuestra, y tomar entre las
potencias de la tierra el puesto igual que el ser supremo y la naturaleza nos asignan, y a que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad.
Sin embargo de que conocemos las dificultades de que trae consigo, y las obligaciones que nos
impone el rango que
vamos a ocupar en el orden político del mundo, y la influencia poderosa de
las formas y habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados; también conocemos que la vergonzosa sumisión a ellas, cuando podemos sacudirlas, sería más ignominiosa para nosotros, y más funesta para nuestra prosperidad que nuestra larga y penosa servidumbre, y que es ya de nuestro indispensable deber proveer a nuestra conservación, seguridad y felicidad,
variando esencialmente todas las formas de
nuestra anterior constitución.
Por tanto, creyendo con todas estas razones satisfecho el respeto que debemos a las opiniones del
género humano, y a la dignidad de las demás naciones, en cuyo número vamos a entrar, y con cuya comunicación y
amistad contamos:
Nosotros los representantes de las Provincias
Unidas
de
Venezuela, poniendo
por
testigo
al ser supremo de la justicia
de
nuestro proceder, y de la rectitud de nuestras intensiones; implorando sus divinos y celestiales auxilios, y
ratificándole en el momento en que nacemos a la dignidad, que su providencia nos restituye el deseo de vivir, y morir libres: creyendo y defendiendo la santa católica y apostólica religión de
Jesucristo, como el primero de
nuestros deberes. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de
Venezuela, declaramos solemnemente al mundo,
que sus Provincias Unidas son y deben ser
desde hoy de hecho y de derecho Estados libres,
soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona
de España, o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libe e independiente, tiene un pleno poder para darse la forma
de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos; declara la guerra, hacer la paz, formar alianza,
arreglar tratados de comercio, límites y navegación; hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes. Y para hacer válida, firme y subsistente esta nuestra solemne declaración, damos y empeñamos mutuamente, unas provincias a otras nuestras vidas, nuestras fortunas y el sagrado de
nuestro honor nacional.
Dada en el Palacio Federal de Caracas, firmada de nuestras manos, sellada con el gran sello provisional de la Confederación y refrendada
por el secretario del Congreso, a cinco días del mes
de julio del año de
mil ochocientos once, primero de nuestra independencia.
Por la provincia de Caracas, Isidoro Antonio López Méndez, diputado de
la ciudad de Caracas; Juan Germán Roscio, por el partido de la villa de
Calabazo; Felipe Fermín Paul, por el partido de San Sebastián; Francisco Javier Ustáriz, por el partido de San
Sebastián; Nicolás de Castro, diputado de Caracas; Juan Antonio Rodríguez
Domínguez, Presidente, diputado de Nutrias, en Barinas; Luis Ignacio Mendoza,
Vicepresidente, diputado de Obispos, en Barinas; Fernando de Peñalver, diputado
de Valencia; Gabriel Pérez de Pagola, diputado de Ospino; Salvador Delgado, diputado
de Nirgua; el Marqués del Toro, diputado de la ciudad del Tocuyo; Juan Antonio
Díaz Argote, diputado de la Villa de Cura; Gabriel de Ponte, diputado de
Caracas; Juan José Maya, diputado de San Felipe; Luis José de Cazorla, diputado
de Valencia; doctor José Vicente Unda, diputado de Guanare; Francisco Javier
Yanes, diputado de Araure; Fernando Toro, diputado de Caracas; Martín Tovar
Ponte, diputado de San Sebastián; Juan Toro, diputado de Valencia; José Ángel
de Álamo, diputado de Barquisimeto; Francisco Hernández, diputado de San
Carlos; Lino de Clemente, diputado de Caracas.
Por la provincia de Cumaná, Francisco Javier de Mayz, diputado de la
capital; José Gabriel de Alcalá, diputado de ídem; Juan Bermúdez, diputado del
Sur; Mariano de la Cova, diputado del Norte.
Por la de Barcelona, Francisco Miranda, diputado del Pao; Francisco
Policarpo Ortiz, diputado de San Diego.
Por la de Barinas, Juan Nepomuceno de Quintana, diputado de Achaguas;
Ignacio Fernández, diputado de la capital de Barinas; Ignacio Ramón Briceño,
representante de Pedraza; José de Sata y Bussy, diputado de San Fernando de Apure; José Luis Cabrera, diputado
de Guanarito; Ramón Ignacio Méndez, diputado de Guasdualito; Manuel Palacio,
diputado de Mijagual.
Por la de Margarita, Manuel Plácido Maneyro.
Por la de Mérida, Antonio Nicolás Briceño, diputado de Mérida; Manuel
Vicente de Maya, diputado de la Grita.
Por la de Trujillo, Juan Pablo Pacheco.
Por la villa de Aragua, provincia de Barcelona, José María Ramírez.
Refrendado: Hay un sello. Francisco Isnardy, Secretario.
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